EFE, Washington.- El Gobierno del presidente de EE.UU., Barack
Obama, comenzará a liberar de los centros de detención para indocumentados a
familias de inmigrantes candidatas a recibir asilo político por las peligrosas
condiciones de sus países de origen, indicó hoy a Efe el portavoz del ICE,
Richard Rocha.
"El Departamento de
Seguridad Nacional (DHS) ha decidido que es necesario reconsiderar la situación
de las familias bajo custodia y que son elegibles para asilo político o
cualquier otro tipo de alivio", dijo Rocha, del Servicio de Inmigración y
Control de Aduanas (ICE), encargado de gestionar los centros de detención.
Con esta decisión, las
autoridades migratorias de Estados Unidos dan un giro en su política migratoria
al determinar que, a partir de ahora, "el ICE no detendrá a madres con
hijos que no representen una amenaza para la seguridad pública o la seguridad
nacional", siempre que proporcionen una dirección de residencia real y
verificable.
"Comprendemos la naturaleza
sensible y única de las familias y, por eso, el ICE está evaluando los casos de
las personas alojadas en los centros para familias", añadió el vocero.
Las familias serán liberadas con
un estatus migratorio que les obligará a comparecer ante el juzgado para poder
regularizar su situación migratoria y, si procede, solicitar asilo político
alegando que no desean o no pueden volver a sus países de origen porque su vida
corre peligro.
Además, las autoridades
migratorias estadounidenses ofrecerán a un miembro de cada familia la
posibilidad de acogerse a un Programa Alternativo a la Detención (ATD) con el
que poder conocer su ubicación dentro del país y que, según organizaciones
proinmigrantes, podría implicar la colocación de pulseras electrónicas.
La liberación de las familias se
producirá después de meses de polémica en los centros de detención de
inmigrantes con madres en huelga de hambre y más de 135 congresistas pidiendo
el cierre de esos centros, a los que compararon con "cárceles" por el
"grave" daño que infringen a las madres y niños internados.
En junio el secretario de
Seguridad Nacional de EE.UU., Jeh Johnson, ya anunció una reforma para reducir
el tiempo que las familias de inmigrantes permanecen en los centros de
detención de indocumentados del país.
Tras el anuncio de Johnson, su
departamento comenzó a evaluar los casos de las familias detenidas durante más
de 90 días para determinar si deben o no permanecer internadas y empezar a
liberar a aquellas que han permanecido retenidas durante un mayor periodo de
tiempo.
Además, el DHS tomó medidas
adicionales para evaluar y garantizar el acceso a las instalaciones de
abogados, trabajadores sociales, educadores y médicos, una cuestión que situó a
los centros en el centro de las críticas de activistas y legisladores.
Tras llegar al poder en 2009,
Obama cerró todos los centros de detención para familias inmigrantes del país,
pero la oleada de indocumentados durante el último año fiscal provocó la
decisión del Gobierno de volver a usar instalaciones de este tipo para disuadir
nuevas llegadas.
Según datos oficiales, más de
66.000 menores de edad no acompañados y un número similar de personas en
unidades familiares cruzaron la frontera sur de Estados Unidos durante ese
periodo, huyendo la mayoría de la violencia y el narcotráfico en sus países de
origen, sobre todo de El Salvador, Guatemala y Honduras.
En octubre pasado, una delegación
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió de que la
detención de familias supone "una respuesta inadecuada" a una crisis
humanitaria y dijo que la reapertura de estos centros es "un retroceso"
en la política migratoria de EEUU.
Hasta el lunes 13 de julio, en el
centro de detención de Berks (Pensilvania) hay internadas 71 personas; en las
instalaciones de Karnes (Texas), 122, mientras que 1.979 inmigrantes permanecen
en el centro del Sur de Texas, según datos del ICE.
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