El presidente
de Colombia, Juan Manuel Santos, ha rechazado este miércoles el informe de la
organización Human Rights Watch (HRW), en el que apunta a la implicación de
varios altos mandos del Ejército colombiano en los llamados falsos positivos,
una estrategia de ejecuciones extrajudiciales que algunos militares usaron
entre 2002 y 2008 para mostrar buenos resultados contra la guerrilla y que se
saldó con la muerte de cientos de civiles que hicieron pasar por guerrilleros
abatidos. El mandatario ha exigido, sin citar explícitamente a HRW, que aporte
pruebas que demuestren esas acusaciones.
Santos, que
fue ministro de Defensa entre 2006 y 2009, y por ende máximo responsable del
Ejército, cuestionó el informe de HRW y ha asegurado que defenderá “la
legitimidad de las fuerzas armadas hasta la tumba”. Durante una ceremonia en la
Escuela Militar de Bogotá, junto al nuevo ministro de Defensa, Luis Carlos
Villegas, el mandatario ha afirmado que los generales a los que la organización
apunta como presuntos implicados en los ‘falsos positivos’ acudieron a la
Fiscalía y a la Procuraduría “a preguntar si es verdad que hay investigaciones
contra ellos”. “Me mostraron los documentos, y no hay ni una sola investigación
en contra de estos altos oficiales. Que no venga a señalarlos y a causarles un
daño enorme sin ninguna justificación”, insistió.
En su informe
El rol de los altos mandos en falsos positivos, que concluye que 180 batallones
habrían cometido ejecuciones extrajudiciales entre 2002 y 2008, HRW señala, por
ejemplo, al general Jaime Lasprilla, hoy al frente del Ejército, o al
comandante de las Fuerzas Militares Juan Pablo Rodríguez. Ambos dirigían
brigadas que están siendo investigadas por cometer ejecuciones ilegales. Este
martes, la Fiscalía ha citado además al excomandante del Ejército Mario
Montoya, junto con tres oficiales de esa institución, todos retirados, para que
declaren por sus posibles nexos con los falsos positivos
La Fiscalía
colombiana investiga al menos 3.000 casos de presuntas ejecuciones
extrajudiciales —ayer mismo citó a un excomandante y tres oficiales— y en los
últimos meses cinco coroneles están siendo juzgados por la muerte de más de 70
inocentes entre 2006 y 2007. Sin embargo, desde que hace siete años estalló el
escándalo de los falsos positivos, se han condenado a 815 militares por falsos
positivos y solo a seis coroneles. HRW afirma que hay “amplias evidencias” que
sugieren que coroneles y generales del Ejército “sabían o deberían haber
sabido” de los llamados falsos positivos, e incluso “podrían haberlos
ordenado”. Una conclusión que respalda con el análisis de los datos que maneja
la Fiscalía y con los datos de los expedientes penales y los testimonios de
militares implicados.
“Los oficiales
del Ejército que estaban al mando cuando sucedieron las ejecuciones han
conseguido eludir la acción de la justicia e incluso han ascendido a los
niveles más altos del mando militar, incluidos los actuales comandantes del
Ejército Nacional y de las Fuerzas Militares”, asegura José Miguel Vivanco,
director de las Américas de HRW.
HRW asegura
que los fiscales tienen dificultades para avanzar en los casos porque no pueden
acceder a información militar y que numerosos procesos siguen siendo manejados
por la Justicia Penal Militar, “donde prácticamente se garantiza su impunidad”,
sostiene Vivanco. También, que algunos oficiales que han declarado contra sus
superiores sufren represalias.
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