Se ha creado todo un alboroto con
las afirmaciones del representante de la organización Human Rights Watch, José
Miguel Vivanco, que pidió al Gobierno el
cese "inmediato" de las repatriaciones.
Es bueno aclarar que José Miguel Vivanco, es el director ejecutivo
de la división de las Américas de Human Rights Watch, y alertó de que existen
miles de personas que son dominicanos que están expuestos o peligro de sufrir
deportaciones hacia Haití.
En la rueda de prensa se presentó
el informe llamado “Somos dominicanos, somos dominicanas: privación arbitraria
de la nacionalidad en la República Dominicana”, que contiene 100 entrevistas de
dominicanos de ascendencia haitiana los cuales fueron despojados de sus
documentos por la Junta Central Electoral.
No se trata de ciudadanos
extranjeros indocumentados que debieron acogerse al Plan Nacional de Regularización
de Extranjeros. Los cuales tendrán que someterse al proceso de deportación en
caso de no completar el proceso dispuesto en la Ley de Migración y Plan de regularización.
El informe “Somos dominicanos,
somos dominicanas: privación arbitraria de la nacionalidad en la República
Dominicana” fue elaborado por un investigador de Human Rights Watch que viajó a
la República Dominicana durante ocho semanas, entre febrero y mayo de 2015.
Las entrevistas se llevaron a
cabo entrevistas en distintas provincias del país, incluyendo La Romana, El
Seibo, San Pedro de Macorís, el Distrito Nacional, Santo Domingo, Monte Plata,
Sánchez Ramírez, Santiago y Valverde, Dajabón, Bahoruco, Independencia y
Barahona
El informe tiene 50 páginas y reclama
el cese de deportaciones a los ciudadanos del grupo A y Grupo B.
El Grupo A, se refiere a ciudadanos
inscriptos en registro civil que debieron acogerse a Ley 169-14. a los fines de que se
naturalizaran como dominicanos. Estos ciudadanos figuran en el registro civil como
dominicanos, pero su inscripción presenta supuestas irregularidades. Lo penoso
es que muchos todavía no están en condiciones de ejercer sus derechos de
ciudadanía.
El Grupo B, se refiere a ciudadanos
no inscriptos en el registro civil y que nacieron en República Dominicana.
El informe señala que los
ciudadanos del (grupo A), Human Rights Watch comprobó que organismos
gubernamentales responsables de registros civiles se han negado a restablecer
documentos originales de nacionalidad.
Además sostiene: “En vez de ello,
funcionarios han comenzado a segregar a quienes fueron desnacionalizados en
2013, incorporándolos a nuevos registros civiles. Este proceso de
“transcripción,” además de ser costoso e innecesario, ha impedido que muchas
personas ejerzan plenamente sus derechos de ciudadanía. Numerosos ciudadanos
del grupo A todavía no pueden inscribir a sus hijos en los registros civiles,
anotarse en escuelas ni participar en la economía formal. Asimismo, autoridades
militares e migratorias han actuado deliberadamente en reiteradas ocasiones
contra ciudadanos del grupo A de ascendencia haitiana, y han detenido y
expulsado forzadamente a estas personas, incluso cuando ellas poseen documentos
válidos”
Human Rights Watch detalla una
serie de recomendaciones a estamentos del Estado Dominicano, al gobierno de Haití,
a la comunidad Europea, EEUU y CARICOM tales
como:
Asegurar que la Dirección General
de Migración y las Fuerzas Armadas no promuevan medidas que expulsen, por la
fuerza, a dominicanos desnacionalizados hacia Haití.
Trabajar con el Congreso para
desarrollar un proceso de inscripción que garantice el acceso efectivo al
registro civil ordinario para niños nacidos en el país antes de la reforma
constitucional de 2010.
Asegurar la rápida documentación
de migrantes haitianos que viven en la República Dominicana, lo cual incluye
brindar un mayor acceso a sedes de consulados
Solicitan a la Junta Central
Electoral
Poner fin a la transcripción y a
la anulación de actas de nacimiento de ciudadanos inscriptos, y en cambio,
ratificar inmediatamente el estatus legal y la validez de sus documentos de
nacionalidad existentes.
Implementar protocolos de
inscripción que aseguren que los padres y madres dominicanos puedan reconocer
adecuadamente a sus hijos e inscribirlos como nacionales dominicanos al momento
del nacimiento, poniendo especial atención en superar las barreras que, en la
actualidad, enfrentan los padres dominicanos que intentan inscribir a sus
hijos.
A la Dirección General de Migración
y a las Fuerzas Armadas:
Implementar un protocolo de
deportación acorde con estándares internacionales y con acuerdos previos con
Haití, que identifique de manera individual a cada persona deportada, proteja a
los dominicanos desnacionalizados contra la expulsión y preserve la unidad
familiar.
Asegurarse de que, si son
expulsados por error, se permita a los dominicanos desnacionalizados regresar a
sus hogares en la República Dominicana.
Sancionar a funcionarios de
inmigración y militares que extorsionen o cometan otros abusos contra migrantes
y dominicanos desnacionalizados durante el proceso de deportación y expulsión.
A los gobiernos de Estados
Unidos, la Unión Europea y Canadá, y al Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados
Brindar apoyo a organizaciones de
la sociedad civil para ayudar a supervisar el proceso de deportación y proteger
los derechos de dominicanos desnacionalizados.
Trabajar con el gobierno
dominicano para desarrollar un proceso que permita a dominicanos
desnacionalizados recuperar efectivamente su nacionalidad.
A Estados de la Comunidad del
Caribe (CARICOM)
Reiterar públicamente la
necesidad de que la República Dominicana cumpla con normas internacionales de
derechos humanos.
Establecer que el ingreso de la
República Dominicana en la comunidad CARICOM dependa de que solucione la crisis
de desnacionalización.
Vea las explicaciones de Human Rights Watch, sobre el informe:
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