Por: SERGIO GÓMEZ MASERI
Los poderes casi absolutos con
los que contaban las autoridades federales en Estados Unidos para espiar las
comunicaciones de millones de personas en el país fueron puestos en cintura
esta semana tras la aprobación de una ley, catalogada de histórica por algunos,
que establece nuevos límites y restricciones en aras de proteger las libertades
civiles.
La ley, que ya fue firmada por el
presidente Barack Obama, venía siendo trabajada desde el 2013 cuando el mundo
se enteró de que la Agencia para la Seguridad Nacional (NSA) venía recolectando
en masa todos los metadatos (hora, duración, y número al que se marcó) de las
comunicaciones telefónicas realizadas por ciudadanos del común.
Un poder que habían obtenido en
el 2011 tras el pánico que siguió a los atentados terroristas contra Washington
y Nueva York, y con el que abrieron la puerta para aprobar agresivas políticas
en aras de defender la seguridad nacional.
Esas políticas estaban contenidas
en otra polémica ley conocida como el Acto Patriota de 2011, cuyas
autorizaciones expiraron el domingo pasado.
La nueva ley, bautizada Acto para
la Libertad, renueva la mayoría de las medidas que ya estaban contenidas en el
Acto Patriota, pero con dos cambios fundamentales que afectan directamente los
programas de espionaje de la NSA.
En primer lugar, el control de
los metadatos pasará nuevamente a las compañías telefónicas, y las agencias
federales solo podrán acceder a estos luego de pedir la autorización de un
tribunal especial, que tendrá la última palabra.
Así mismo, solo podrán solicitar
los récord de casos específicos, en los cuales exista indicio de un vínculo con
terrorismo, y no en masa como sucedía hasta ahora. Para poder revisar el
contenido de estas comunicaciones (no solo datos), el Gobierno tendrá que pedir
autorización a la Corte.
El otro aspecto relevante tiene
que ver con el acceso del público a las decisiones de esa Corte, que operaba en
secreto y sin ningún control. La ley establece que los documentos generados por
la Corte serán sujetos de divulgación pública y se permitirá que organismos
externos al Gobierno presenten sus opiniones ante la Corte cuando se esté por
decidir algún caso de acceso de información privada de particulares.
Dicho eso, hay que aclarar que la
nueva ley dejará intacto el poder del Gobierno de espiar, siempre que pueda
justificarlo.
La renovación del Acto Patriota y
las modificaciones aprobadas habían generado una intensa disputa, la cual
provocó alianzas entre sectores que normalmente son opuestos.
Un sector republicano, encabezado
por el senador Rand Paul, unió fuerzas con un sector de la izquierda demócrata
que pretendía la anulación total del Acto Patriota por considerarlo demasiado
invasivo incluso con las modificaciones propuestas. Otro grupo de republicanos,
que abogaban por preservar la ley, advirtió que con los cambios se allanaba el
camino para futuros atentados terrorista. Terminó imponiéndose un grupo de
demócratas y republicanos de centro que trató de balancear el derecho a la
privacidad con la seguridad nacional.
“La seguridad nacional y la
privacidad no son mutuamente excluyentes. Ambas cosas se pueden lograr a través
del uso responsable de la recolección de inteligencia y el respeto de las
libertades de ciudadanos de bien”, dijo el republicano James Lankford, que votó
con el grupo ganador.
Organizaciones no gubernamentales
de defensa de las libertades civiles y las compañías de telecomunicaciones que
venían empujando el cambio dieron la bienvenida a la nueva ley, aunque con
objeciones.
Según Bill Binney, exfuncionario
de la NSA y crítico de los programas de espionaje, “si bien se trata de un paso
en la dirección correcta, la agencia aún tendría autorización para interceptar
llamadas a través de fibras de comunicación que surten a las compañías de
telecomunicaciones”.
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