Excelentísimos
Sres. Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados Miembros del Sistema de la
Integración Centroamericana;
Honorables
Señores Ministros de Relaciones Exteriores;
Respetables
miembros de las distintas delegaciones que nos acompañan;
Señoras y
Señores;
Ante todo,
gracias a todos los guatemaltecos por acogernos nuevamente hoy en este hermoso
país. Y gracias, especialmente, a su Presidente Otto Fernando Pérez Molina.
Cuando hace
unos meses visitamos este país, con motivo de la cumbre entre el SICA y España,
les felicitamos por estar desempeñando una Presidencia Pro Témpore
especialmente activa y dinámica.
En esta
ocasión, volvemos a repetir públicamente esta felicitación. Así como nuestro deseo de que los próximos seis meses,
en los que El Salvador tendrá la Presidencia Pro Tempore de esta organización,
se caractericen por un igual impulso a nuestra agenda de integración.
Porque, no lo
duden, en los próximos años vamos a necesitar de este dinamismo, para hacer
frente a los desafíos que nos plantean la integración comercial, la seguridad
ciudadana o los movimientos migratorios.
Hoy quiero
hablarles de este último aspecto. De las migraciones y de las respuestas que
debemos darle desde los Gobiernos. Es decir, de las políticas de migración y
documentación. Y en concreto de lo que en este campo hemos logrado
recientemente en la República Dominicana.
Quisiera
empezar recordando que, al igual que el resto de países del SICA, la República
Dominicana ha sido durante las últimas décadas un país de emigrantes. Y en
buena medida lo sigue siendo.
Cientos de
miles de dominicanos y dominicanas viven en Estados Unidos y Europa, en muchas
ocasiones manteniendo a sus familias mediante el envío de remesas ganadas
duramente con su trabajo.
Esta es una
experiencia común en la que se reconocen millones de centroamericanos.
Por eso, en
noviembre del año pasado, todos los presentes seguimos con atención la acción
ejecutiva que el Presidente Obama tomó para arreglar su sistema migratorio, al
que en su momento definió como un sistema roto.
Esta acción se
encuentra actualmente en un impasse debido a resistencias en la oposición
republicana. Pero, si finalmente consiguen arreglar ese sistema roto, y
esperamos que así sea, cientos de miles de nuestros compatriotas centroamericanos
y caribeños podrían vivir y trabajar en el vecino país del norte con más
seguridad y más derechos.
Obviamente, si
a los Estados Unidos, con sus inmensos recursos, la documentación de los
migrantes les supone un reto, es lógico que a nosotros nos lo plantee
igualmente, y mucho más que a ellos.
En el caso de la República
Dominicana, heredamos también un sistema que nos mantuvo durante décadas en una
situación de debilidad administrativa. Y que había dejado a grupos enteros, de
población, tanto nacionales como migrantes, en situación de indocumentación y
vulnerabilidad.
Para poner fin a esta situación,
decidimos tomar la iniciativa y dotar a todas las personas que viven en el país
con una documentación acorde a su situación. Ya sean dominicanos, extranjeros
en situación regular, o irregular.
Dos fueron los principios
fundamentales que nos guiaron en esta iniciativa: el estricto respeto a las
leyes dominicanas y la protección de los derechos humanos de las personas.
Y dos fueron también los
mecanismos legales de los que nos dotamos: la Ley Especial 169-14 y el Plan
Nacional de Regularización.
La Ley Especial 169-14 establece
dos grandes grupos de personas beneficiarias que se denominaron Grupo A y Grupo
B, de acuerdo a su estatus documental.
El Grupo A corresponde a personas
nacidas en la República Dominicana, hijos de ambos padres extranjeros en
situación irregular y que cuentan con algún tipo de documento expedido por
nuestro Estado acreditándolos como nacionales.
Gracias a la ley, 55,000 personas
en esta situación han visto reconocida su documentación por la Junta Central
Electoral y con ella, su ciudadanía dominicana.
El Grupo B está conformado por
hijos de padres extranjeros en situación migratoria irregular nacidos en
República Dominicana y que no contaban con ninguna documentación. Las 8,755
personas que en virtud de la ley solicitaron su registro en el Libro de
Extranjería podrán acceder al proceso de naturalización en un plazo de dos
años.
En cuanto al Plan Nacional de
Regularización, esta iniciativa especial buscaba corregir situaciones
migratorias de las personas que estaban en el país de manera irregular.
Al cierre del plazo, 288,486
personas solicitaron su regularización en alguno de los 24 centros de atención
que abrimos en todo el territorio y están hoy en proceso de recibir el estatus
que ameritan.
Merece la pena señalar que,
durante el tiempo que estuvo en vigor el Plan, que fue de 18 meses, las
deportaciones se suspendieron. Y que se llevó a cabo una campaña de
comunicación e información para dar a conocer estas iniciativas a todos los
posibles beneficiarios, además de ofrecer orientación, apoyo en las comunidades
y de ofrecer un trabajo totalmente gratuito.
De la misma manera, para
facilitar el acceso a los interesados el gobierno incorporó instituciones y
organismos con experiencia en la materia, ACNUR, la Organización Internacional
para las Migraciones, UNICEF, la Unión Europea, el PNUD y la Mesa Nacional para
las Migraciones, entre otras.
Como quizá sepan, durante los
últimos meses, algunos medios de comunicación internacionales y algunas
organizaciones, han repetido la teoría de que más de 200,000 personas habrían
quedado en situación de apatridia y estarían en peligro de ser expulsados de la
República Dominicana.
Esto es completamente falso. Y
como no queremos pensar que es un falsedad malintencionada, sino que se trata
de un error, vamos a examinar por un momento donde tiene su origen este error
en las cifras y cuál es la realidad.
Quienes originalmente plantearon
estas cifras tomaron como base los datos de la Encuesta Nacional de Inmigrantes
del año 2012, elaborada por la Oficina Nacional de Estadísticas, con la
colaboración de las Naciones Unidas.
Según la Encuesta, teníamos en el
momento 244 mil 151 personas hijas de extranjeros. De esta información, sin
embargo, no podemos deducir nada sobre el estatus documental ni migratorio de
estas personas, mucho menos su situación de apatridia.
Ocurre que de ese total, 105 mil
381 tienen por lo menos un padre dominicano, por lo tanto les corresponde la
nacionalidad dominicana de pleno derecho según nuestra Constitución. Dicho de
otra forma, sabemos ya que no son
apátridas.
El resto, 138 mil 770 son hijos
con ambos padres extranjeros, pero no por eso apátridas.
Para empezar porque, de este
grupo, 20 mil 213 de esos, dicen poseer un documento de identidad extranjero y
16 mil 556 dicen poseer documento extranjero y dominicano. Podemos decir con certeza,
que estas 36,769 personas tienen su situación en cuanto a nacionalidad
resuelta, incluso doblemente resuelta.
La cifra de potenciales
“apátridas” se habría reducido entonces a 100,000 personas aproximadamente.
Sin embargo, entre esos están las
55,000 personas del Grupo A y sus descendientes, así como los 8,775 del grupo B
que, como expliqué, han visto su nacionalidad reconocida por la Junta Central
Electoral.
Es el caso, por ejemplo, de la
señora Juliana Deguis y de sus cuatro hijos, que hasta hace poco no habían sido
registrados por la situación de indefinición documental de su madre, pero que
ya lo están.
Es fácil deducir que los 100,000
restantes, de acuerdo a la encuesta, son esta población y que su problemática también ha sido
resuelta. Es decir, tampoco están en situación de apatridia ni en peligro de
ser expulsados del país.
En definitiva, seamos claros: en
la República Dominicana el número de casos de apatridia es cero.
Esa es la realidad, y puede ser
constatada por los organismos de Naciones Unidas especializados en la materia
con presencia en el país.
Por supuesto, como cualquier
Estado, no somos infalibles y podemos cometer errores. Si eso llegara a ocurrir
y alguien presentara un caso de apatridia a nuestro gobierno debidamente
documentado, no les quepa duda de que le daremos la debida solución.
Nuestro ordenamiento jurídico
cuenta con los mecanismos para que así sea.
Pero hasta el día de hoy eso no se ha producido ni mucho menos hemos
posibilitado una política de Estado para propiciar nada semejante, como algunos
se han atrevido a insinuar.
Por tanto, quiero ser muy
enfático en esto, no permitiremos que se
siga hablando en esos términos de nuestro país con total impunidad.
Entiendo que esta es una realidad
compleja, con distintas figuras legales, diversos grupos de población y varias
cifras.
Es una realidad quizá menos
mediática, ya que no se presta a grandes titulares alarmistas, ni a una
narrativa prefabricada de perseguidores y perseguidos.
Es una realidad que exige de
análisis, investigación, rigor y honestidad. Y esas son precisamente las
virtudes que se le suponen a la labor periodística. A la prensa internacional,
por tanto, le invitamos a ejercerlas en la República Dominicana.
El 17 de junio finalizó el plazo
de inscripción en el Plan Nacional de Regularización. Y con su finalización, a
pesar de lo que muchos parecían esperar, no se produjo ninguna catástrofe
humanitaria, ni se inició ninguna caza de brujas.
Sencillamente, lo único que
ocurrió es que volvió a entrar en vigor nuestra legislación habitual en materia
de migración. Ni más, ni menos.
Pero, más allá de las
especulaciones, considero que tras un esfuerzo colectivo como este, es
importante hacer un balance justo de lo que se ha logrado. Y no podemos
permitir que el debate quede exclusivamente en manos de los sectores más
polarizados.
Porque hay algunas organizaciones
y medios de comunicación que parecen querer conjurar en la República Dominicana
de hoy actual los miedos de otras épocas u otras latitudes. Dicen hablar desde el humanitarismo pero, por
desgracia, lo hacen también desde el desconocimiento de los acontecimientos
sobre el terreno.
Sin embargo, por encima de las
opiniones y los discursos de uno y otro signo están los hechos irrefutables
que, como Jefe de Estado, quiero reivindicar.
La realidad es que, en la
República Dominicana, más de 350,000 personas han visto regularizada su
situación y serán dotadas del estatus documental que les corresponde. Para los
que se acogieron al plan de regularización este será la residencia legal. Para
los que se beneficiaron de la ley 169-14, será la nacionalidad.
Debo decir que pocos países
pueden exhibir un resultado similar en tan poco tiempo en esta materia.
La realidad es, también, que en
nuestro país ni hay, ni habrá deportaciones indiscriminadas o colectivas. No
las ha habido desde que llegó la democracia, no las necesitamos, y por
supuesto, no las habrá en el futuro.
Se aplicará la ley, sí,
individualmente, con garantías, y dando facilidades para el retorno voluntario, al que ya se han
acogido decenas de miles de personas que no cumplían los requisitos del Plan.
Esa es la realidad de un Estado de Derecho.
La realidad es que en la
República Dominicana no se han registrado casos de apatridia, por más que
algunos quieran seguir inventándolos. Como les decía, el Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, no ha constatado ninguno y,
precisamente para eliminar el peligro de que se dieran, votamos la ley 169-14 y
la aplicamos con éxito.
La realidad, en definitiva, es
que en 2015, en nuestro país, cientos de miles de personas tendrán una
documentación y unos derechos que en 2013 no tenían.
¡Y este ha sido, no lo duden, un
gran avance para los derechos humanos en la región!
Un éxito que solo fue posible
gracias a los valores sobre los que estamos construyendo la República
Dominicana. Un país justo, solidario, donde los derechos se respetan y donde
las leyes se cumplen.
Dicho esto, quiero enfatizar
también que nuestro país tiene el derecho soberano de regularizar los flujos
migratorios de acuerdo a las leyes que nos rigen, igual que lo tienen y lo
ejercen países como Estados Unidos o los miembros de la Unión Europea.
Por tanto, no vamos a permitir
que continúe esta campaña sucia y de descrédito que hace oídos sordos a todas
las garantías que hemos establecido para proteger a las personas y se prefiere
anunciar una crisis humanitaria inexistente.
Tampoco vamos a plegarnos a las
falsas acusaciones de racismo o xenofobia, que carecen completamente de
fundamento en un país caracterizado por el mestizaje desde hace siglos.
No aceptaremos ese chantaje que
nos amenaza con sanciones internacionales basándose en acusaciones que son
absolutamente falsas.
La República Dominicana es un
país abierto al mundo, que no olvida los sacrificios de su hermanos en el
exterior y que valora de la misma forma las aportaciones de todos aquellos que
llegan a nuestra tierra.
El primer destino turístico del
Caribe y también el país que más inversión extranjera ha recibido en los
últimos años, precisamente por la acogida que damos a las personas y por la
seguridad jurídica que ofrecemos a los empresarios.
Sin embargo, pueden estar seguros
de que nuestra soberanía no se pondrá en cuestión, ni porque llegue un turista
más, ni por un centavo más de inversión.
Aquellos que prefieran creen lo
que les dicen otros, alimentar prejuicios y vivir en el engaño, son libres de
hacerlo, pero no cuenten con nosotros para seguirles el juego.
Aquellos que quieran venir a
nuestro territorio y comprobar con sus propios ojos la realidad de nuestro
país, la bondad de nuestra gente y las oportunidades que ofrecemos, son
bienvenidos, como siempre lo han sido.
Muchas gracias, a todos los
presentes, por permitirme informarles de estos asuntos de gran importancia para
nuestro país, y que me consta encuentran un eco de reconocimiento en el
conjunto de los países del SICA.
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