SANTO DOMINGO.- El ministro de
Interior y Policía, José Ramón Fadul, advirtió hoy al Alto Comisionado de la
ONU para los Refugiados (ACNUR) que no permitirá injerencias en el tema
migratorio, dos días después de que concluyera el plazo para acogerse al Plan
de Regularización para Extranjeros. El funcionario se pronunció así tras la
solicitud de ACNUR al Gobierno dominicano para que no se deporten a los
dominicanos hijos de extranjeros indocumentados.
El pasado miércoles finalizó el
plazo de acogida al Plan de Regularización para Extranjeros, por lo que ayer
entró en vigor la segunda fase del plan, que prevé el inicio de los operativos
de repatriaciones de los que no se inscribieron a dicho Plan.
El portavoz de la ACNUR, Adrian
Edwards, dijo hoy en Ginebra que ese organismo está muy preocupado por las más
de 200,000 personas que podrían ser expulsadas a Haití a pesar de no contar con
la nacionalidad haitiana.
Edwards señaló que ha pedido a
las autoridades dominicanas que además de los documentos, tengan en cuenta
otros criterios para otorgar o denegar la nacionalidad, como el hecho que la
persona demuestre total dominio del español.
En respuesta, el ministro de
Interior y Policía recordó hoy a la ACNUR que en la República Dominicana
"no hay refugiados" y que las autoridades no permitirán injerencias
extranjeras porque este "es un país soberano".
"Oímos observaciones, oímos
los planteamientos y los respetamos, pero injerencias no permitimos",
advirtió.
A su vez, dijo que el proceso
Plan de Regularización para Extranjeros, que se extendió durante 18 meses, fue
"exitoso" y seguido de cerca por organizaciones internacionales.
"El país tiene por primera
vez una politica migratoria seria, con controles", concluyó Fadul.
Según datos del Ministerio de
Interior y Policía, un total de 288,466 extranjeros de 23 nacionalidades,
principalmente haitianos, se inscribieron en el Plan, aunque solo 4,600
completaron todos los requisitos para acogerse al proceso.
El principal temor de las ONG y
algunos organismos internacionales es que no solo se pudieran llevar a cabo
deportaciones masivas, sino que en las mismas se arrastre a personas nacidas en
el país hijos de haitianos indocumentados.
Para estos se aprobó la Ley de
Naturalización cuyo plazo para acogerse concluyó en febrero y a la que se
esperaba que se inscribieran entre 55,000 y 60,000 personas, pero solo 8,775
lograron completar el proceso, por lo que diversas organizaciones temen que el
resto quede apátrida. EFE

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