Greysis de la Cruz
Sin mecanismos de
verificación de los bienes declarados no existe una real voluntad de
transparencia.
A propósito de que la
Cámara de Diputados convirtió en Ley el proyecto sobre Declaración Jurada de
Patrimonio, quiero señalar algunos datos al respeto, fruto de una investigación
que realizamos para el programa El Verificador.
Las leyes contra el
enriquecimiento ilícito en América latina tienen en común que puede referirse enriquecimiento por Robo,
Estafa, Usura, Corrupción política, Fraude fiscal y Delito medioambiental.
En la región está bajo
investigación el general Flavio Buitrago y su esposa por la presunta comisión
del delito de enriquecimiento ilícito. Debido a que no puedo demostrar el
origen de 670 mm
pesos.
En Perú está siendo
investigado expresidente Alejandro Toledo por enriquecimiento ilícito. Debido a
las millonarias compras inmobiliarias de su suegra valoradas en 17 MM de dólares en Costa
Rica que no ha podido demostrar su origen.
Mientras América Latina se aplica la ley con severidad, en la RD contamos con un obsoleto sistema de
Declaración Jurada de Bienes.
Cada año la sociedad
tiene que ver como aumenta el patrimonio de los servidores públicos sin que
ninguna autoridad competente establezca el origen de esos fondos, y determinar
si los políticos se ganaron una “tripleta” que justifique que reporten tantos
millones.
Después de 12 años la
cámara de diputados aprobó el proyecto sobre Declaración Jurada de Patrimonio.
Si llega a implementarse, contribuiría con el descubrimiento y obtención de
evidencias útiles en la persecución penal de los delitos asociados a la
corrupción, sobre todo el enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos.
El proyecto de ley
establece que los responsables de enriquecimiento ilícito sean sancionados con
pena de cuatro 4 a
10 años de prisión mayor.
Se establece que el
funcionario deberá incluir el patrimonio de su esposa en su declaración jurada.
Fue una pena que no incluyan a las amantes, porque en RD hay muchos casos de
“queridas” que son fieles custodias del dinero público, para uso particular.
La pieza además
establece, prisión de uno a dos años y una multa de 20 a 40 salarios mínimos para
los funcionarios que hayan falseados datos en sus declaraciones jurada.
Las preguntas son las
mismas: Se cumplirá esta ley? Habrá Ministerio Público que la haga cumplir?
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