Entonces, me pregunto: ¿Que tiene que pasar para que la sociedad dominicana despierte?

Greysis de la Cruz comenta:

Aun no salgo del asombro que me ha producido dos denuncias sobre “repartición o entrega” dinero a servidores públicos.

El Padre Rogelio a denunciado que presuntamente “Falcondo repartió RD$400 millones en el congreso para que Loma Miranda no sea parque Nacional”.

Los diputados Nelson Guillen, Pedro Botello y Teodoro Ursino y los senadores Rafael Calderón y Julio César Valentín afirmaron que las declaraciones del sacerdote se trata de una irresponsabilidad temeraria y creen que ningún legislador se prestaría para eso.

Pero y los organismos competentes donde están? Una denuncia de esa magnitud no es sano para la democracia que se quede aire.

Esta tarde el dirigente reformista Humberto Salazar, denunció que Quique Antún supuestamente cobró por adelantado RD$12 MM y presume que el anuncio de ruptura del PRSC con PLD es un chantaje.

Además, reveló que hay una deuda incobrable en el BNV de RD$1,200 MM y el BR tendrá que asumirla.

Pregunto nuevamente: Y los organismos competentes donde están?

Me asombra la frivolidad con que se maneja los temas relacionados con delitos a la administración pública, sin que el Ministerio Publico se sienta aludido.

En una sociedad medianamente organizada estas declaraciones producirían un terremoto mediático y de persecución penal.

Para muestra dos botones:

En España el juez José Castro ha imputado a la infanta Cristina solamente porque él considera que ella pudo “consentir”,  “hacerse de la vista gorda” o “asumir la actitud de ceguera voluntaria” ante el hecho de que su esposo Iñaki Urdangarin usara su parentesco con el Rey de España para junto a su socio, Diego Torres, malversar fondos públicos.

En Francia el ex presidente Nicolás Sarkozy fue detenido acusado de

Presunta financiación de su campaña presidencial en el 2007 con dinero de Muamar Muhamad Abu-minyar el Gadafi, exdictador de Libia.

También de presunta entrega de 100.000 euros para financiar la campaña presidencial de 2007, a cargo de la mujer más rica de Francia, primera accionista de L'Oréal.

Además, de presunta trama de “amistades” en la cúpula del poder judicial, que pudieron facilitar informaciones confidenciales sobre la instrucción de varios escándalos, se presume delito de soborno.

Estas sociedades, las españolas y francesas no consienten que un funcionario público se apropie de  fondos públicos, por ello, el castigo es de prisión e inhabilitación de ocupar un cargo publico por años.

Para estas sociedades de igual manera el perjurio es un delito. Todo funcionario que ofrezca declaraciones verbales o escritas falsas se penaliza.  Asimismo, es un delito hacer que o influenciar a otra persona a que cometa perjurio.

En estos dos casos de España y Francia iniciaron por una denuncia a través de los medios de comunicación. Una simple “denuncia” movilizó a toda la sociedad para que esas afirmaciones se investiguen, a fin de determinar si son veraces o no.

La sociedad debiera darle importancia a las denuncias, en el interés de proteger el dinero público, empezando por los agraviados que deben ser los más interesados de demostrar su honradez.

Penosamente la denuncia es calificada de “chisme” por el implacable sistema de corrupción que nos arropa.

Por eso vivimos en un país donde los organismos competentes no funcionan, los medios de comunicación no cuestionan y la sociedad duerme. Lo peor de todo es ver que el dinero público no le duele a nadie.

Lamentablemente estamos a la puerta de convertimos en una sociedad inviable. Entonces, me pregunto: ¿Que tiene que pasar para que la sociedad dominicana despierte?

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