Santo Domingo.- El ministro de
Relaciones Exteriores, arquitecto Andrés Navarro, reiteró hoy ante la Misión de
Observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) que el gobierno del
presidente Danilo Medina ha establecido los mecanismos de control para
garantizar que no ocurran deportaciones masivas de extranjeros en situación
migratoria irregular, violaciones a los derechos humanos y casos de apatridias
durante la ejecución del Plan de Regularización de Extranjeros.
Recordó que el proceso ha permitido que más de 288
mil personas con situación migratoria irregular hayan podido iniciar su proceso
de regularización y están en camino de recibir su estatus legal.
Al darle la bienvenida a la
comisión designada por la OEA para observar el proceso de regularización, en su
mayoría haitianos, Navarro precisó que la iniciativa, sin precedente en el
hemisferio, con alto costo económico para el país y gratis para los que se
acogieron al plan, ha estado estrictamente apegado a las leyes dominicanas y a
las mejores prácticas internacionales en materia migratoria.
En su mensaje de bienvenida
pronunciado en el Salón de Recibo de la Cancillería, Navarro calificó de
"infundadas" las acusaciones que se hacen en contra de la República
Dominicana, "pues no es verdad que exista apatridia ni el interés de
deportar en ningún grupo de extranjeros en particular, y mucho menos a
ciudadanos dominicanos".
El funcionario refirió que el
plan de regularización surgió tras la sentencia 168-13 dictada por el Tribunal
Constitucional dominicano, que "en efecto generó preocupación en algunos
sectores nacionales e internacionales".
Expuso que para enfrentar el
problema de la aparente retroactividad de la ley, el gobierno del presidente
Medina pasó la ley 169-14 aprobada en el
Congreso Nacional, la cual reconoce que las personas posiblemente afectadas por
la sentencia del Tribunal Constitucional son dominicanos o dominicanas de pleno
derecho.
Reiteró que producto de la
referida ley, más de 55 mil dominicanos de ascendencia haitiana están
reconocidos por la Junta Central Electoral (JCE), organismo que ha señalado que
apenas menos de 0.50% de los registros verificados mostraron alguna
irregularidad y que, por lo tanto, esos casos serán dilucidados en los
tribunales del país.
"En resumen, decimos y
mantenemos que no hay ni un solo caso de apatridia en la República Dominicana",
enfatizó Navarro ante la misión integrada por Francisco Guerrero, Gabriel
Bidegain, Steven Griner, Rebeca Omaña, Ian Edwards y Pablo Sandino Martínez.
Expuso que el Gobierno ha hecho
un mayor esfuerzo al proporcionarles a aquellos extranjeros carentes de algún
documento de identidad, la oportunidad de alcanzar la nacionalidad dominicana
en un período de apenas dos años.
Agregó que el proceso de
regularización se realizó gratuitamente para los interesados, además de
aceptarles una cédula, acta de nacimiento o sólo el pasaporte como documento de
identidad, "e incluso, en un acto de alta confianza y condescendencia con
el gobierno haitiano, se registraron aquellos que presentaron algún documento
provisional de la Embajada de Haití en el país".
Dijo que a todos los extranjeros
que se acogieron al plan se les está documentando a través de una base de datos
biométricos que permitirá darles mayor seguimiento y consolidación del
ordenamiento migratorio, además de que unos 7 mil estudiantes universitarios de
origen haitianos se les ha concedido visa de permanencia hasta por cinco años
sin costo alguno para que puedan completar sus estudios.
"Distinguidos visitantes,
sepan ustedes que si no se han regularizado más personas no ha sido por falta
de voluntad del gobierno dominicano para que se regularicen. Quienes no lo han
hecho ha sido o porque el gobierno de Haití no los ayudó proporcionándoles
documentos de identidad o bien porque esas personas no obtemperaron a las
facilidades para su regularización. Esa es la realidad y toda la verdad",
refirió.
Consideró que, contrario a
"las falacias, inventos y descréditos" por parte de algunos sectores
en contra de la República Dominicana, "las autoridades haitianas debieran
celebrar con el gobierno dominicano porque por primera vez en la historia se ha
logrado invertir la pirámides entre inmigrantes irregulares y regulares en el
país".
Indicó que, contrario a lo que se
ha especulado en el sentido de que las deportaciones de extranjeros en
condición irregular tiene el propósito de sacar dominicanos en condición de
apátridas por sus orígenes haitianos, "el gobierno dominicano ha tomado
todas las prevenciones de lugar para que, gracias al registro biométrico y la
documentación en posesión de los extranjeros regularizados, se eviten cuantos
errores humanos imaginables en cuanto se reanuden las deportaciones que fueron
suspendidas por decreto presidencial en el 2013".
Añadió que una evidencia clara de
que al país sólo le interesa ordenar la inmigración irregular y no sacar a
dominicanos desnacionalizados, es que más de 30 mil haitianos han retornado a
su país de manera voluntaria, de los cuales el gobierno de Haití sólo ha podido
hablar sin identificar, de una persona de nacionalidad nigeriana.
"La salida voluntaria de
nacionales haitianos a su país es eso, voluntaria. Regresan no porque haya
algún clima de terror como se puede comprobar en nuestros barrios y campos,
donde haitianos y dominicanos conviven de manera pacífica. Es decir, no se
trata de deportaciones inducidas o veladas”, expuso.
Dijo que la inesperada salida o
retorno voluntario parece responder a tres razones: proteger sus pertenencias,
garantizar su futuro regreso legal al país, y porque corrió la voz de que las
deportaciones comenzarían tan pronto finalizara el plazo para la regularización
voluntaria, el día 18 de julio, cosa que
como se ha demostrado no es cierto.
Navarro reiteró que el gobierno
mantiene su disposición al diálogo bilateral como lo han sugerido distintos
gobiernos del hemisferio, "pero no sobre la base de difamaciones y
alegatos infundados sin verificar. Hemos practicado y promovemos un diálogo
franco, llano y eficaz para superar las diferencias con absoluto respeto al
ordenamiento jurídico e institucional de Haití y la República Dominicana".
La comisión gubernamental que
encabeza Navarro, está integrada además,
por Alejandra Liriano, viceministra para asuntos de Política Exterior; Luis
Henry Molina, viceministro de la Presidencia; Washington González, viceministro
de Interior y Policía; los embajadores dominicanos en Washington y Haití, Pedro
Vergés y Rubén Sillié, respectivamente, mayor general José Eugenio Matos De La
Cruz, comandante del Ejército de la República Dominicana, Rubén Paulino Sem,
director de Migración y Josué Fiallo, asesor del Poder Ejecutivo en materia de
Derechos Humanos de la Presidencia.
La misión sostendrá reuniones en
las oficina del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, además de
sostendrá una reunión de trabajo con representantes de otros organismos del
gobierno.
Asimismo, sostendrán una reunión
con el embajador de los Estados Unidos en el país, James Brewster, además de
que realizarán una visita al Centro de Acogida de haitianos ilegales en Haina,
en tanto que el sábado se encontrarán con representantes de distintas
organizaciones de la sociedad civil como el Centro Bonó, el Movimiento de
Mujeres Domínico-Haitianas (MUDHA), la Comisión Nacional de Derechos Humanos,
el Observatorio de las Migraciones en el Caribe (OBMICA), Save the Children-RD,
Foro Feminista, Centro de Planificación y Acción Femenina (CIPAF),
Participación Ciudadana y Colectiva Mujer y Salud, entre otros
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