Washington.- El precandidato a la
Presidencia de Estados Unidos, Martin O’Malley, denunció hoy la situación en la
que se encuentran miles de haitianos en República Dominicana, donde están a
punto de ser deportados de manera masiva por las autoridades del país caribeño.
En un editorial en el diario The
Huffington Post, O’Malley alertó de las implicaciones que tendrán las
deportaciones e instó a que el Gobierno estadounidense eleve la voz al
respecto.
“Estas deportaciones masivas -en
caso de aprobarse- también serían una afrenta aborrecible para los derechos
humanos por uno de nuestros vecinos más cercanos.En lugar de estar en silencio,
Estados Unidos debe trabajar con nuestros aliados en la región y las Naciones
Unidas, al tiempo que debe usar toda la fuerza de nuestra diplomática para
poner fin a esta injusticia”, indicó.
“Los países que no respetan las
normas internacionales serán juzgados a los ojos del mundo, y deben rendir
cuentas”, reiteró uno de los rivales de Hillary Clinton, favorita a ganar las
primarias por su partido. O’Malley, quien fuera gobernador del estado de
Maryland, es reconocido por sus esfuerzos a favor de los inmigrantes y por su
fuerte compromiso con las relaciones exteriores hacia América Latina.
“Este es un paso crítico que
debemos tomar para sanar las relaciones en nuestro propio hemisferio, no solo
con la renovación de nuestro enfoque sobre la región, sino también mediante el
examen de las políticas que hemos abrazado en casa y en el extranjero, algunos
de los cuales han disminuido nuestro respaldo a nuestros vecinos más cercanos”,
agregó el precandidato.
Hoy concluyó el plazo para los
ciudadanos dominicanos de origen haitiano no regularizados para acogerse al
Plan de Regularización de Extranjeros en República Dominicana, legislación a la
que miles de ellos no han podido optar y que podría provocar deportaciones
masivas al país vecino.
Algunas organizaciones calculan
que entre 250.000 y 270.000 indocumentados se han inscritos en el plan a pesar
de que en el país viven más de 500.000 extranjeros irregulares, una cifra que
algunos sectores elevan hasta el millón.
Organizaciones no gubernamentales
y asociaciones en defensa de los Derechos Humanos han manifestado su
preocupación por el asunto, una situación que se desató tras un fallo del
Tribunal Constitucional dominicano en 2013 que desencadenó que dichos
ciudadanos nacidos en suelo dominicano vivieran como apátridas.
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