Periódico El País: La ‘desdominicanización’ de La Española

Pedro Reina Pérez es historiador y periodista puertorriqueño.

Twitter: @pedroreinaperez

La Española es una isla singular cuyos extremos se apartan progresivamente. La convivencia entre la República Dominicana y Haití, fragmentada a fuerza de una larga historia de violencia y sangre, deviene tema obligado ahora que el Gobierno dominicano se apresta a desnacionalizar de manera temeraria a una parte significativa de su población, por la mera incapacidad de probar que son dominicanos. El tema polariza como pocos y, si no fuera por su dimensión trágica y real, podría pensarse que se trataba de una mediocre parodia fascista. Muy por el contrario, las autoridades dominicanas invocan la soberanía para verificar un acto que pone en entredicho su talante de nación moderna y democrática. La vergüenza ajena se escurre entre los dedos.

La controversia tiene su origen en la opresión sistemática que el gobierno dominicano en todas sus instancias ha puesto en marcha contra aquellas personas sospechosas de tener alguna herencia haitiana, sin importar el grado o las circunstancias. Esta perversión de los más fundamentales derechos humanos se apoya en la explotación histórica que Santo Domingo ha puesto en marcha contra la población haitiana que por décadas se desplazó de manera irregular hacia su jurisdicción para instalarse en busca de techo y de trabajo.

Si no fuera por su dimensión trágica y real, podría pensarse que se trataba de una mediocre parodia fascista

Si bien en un principio fue una inmigración con visos de ilegalidad, lo cierto es que produjo múltiples beneficios para la economía dominicana que dispuso de una fuerza laboral que, aunque ilegal, era incondicional y abundante. Cortadores de caña, obreros de la construcción y empleados domésticos, fueron solo algunos de los empleos acaparados por los recién llegados, que estaban subordinados a su condición marginal.

La dictadura de Rafael Leónidas Trujillo llevó el asuntó a su cénit en 1937 con su exterminio criminal de haitianos en la frontera entre los dos países que dejó un saldo aproximado de 35.000 víctimas. Pese a ello la situación de desigualdad se perpetuó hasta el presente. Desde entonces, el rechazo y el oportunismo se tomaron de la mano: el nacionalismo se enardeció mientras una nueva forma de trata humana asomaba su feo rostro.

Transcurridas varias décadas, los hijos e hijas de esos inmigrantes nacidos en la República Dominicana aspiraron a la nacionalidad de su país de nacimiento al menos en teoría, conforme el principio de Ius soli, o derecho al suelo. La negación institucional a este derecho derivó en un pleito judicial resuelto por el Tribunal Supremo el 23 de septiembre de 2013, en el que no solo se negó el derecho a la ciudadanía a aquellos nacidos sino que se hizo retroactivo a 1929 por tratarse de hijos cuyos padres estaban "en tránsito" en el país. Esta sentencia mereció la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en octubre de 2014, con lo que se multiplicó el rechazo de esta joya de oscurantismo judicial que destituyó de un plumazo los derechos de más de 200.000 personas, sin importar el retroceso social —y la deshonra internacional— que tal decisión comportaba para su país.

Que el Tribunal Supremo de la República Dominicana careciera de mayores luces es una cosa. Que la clase política, y en particular los legisladores, se muestren ciegos y sordos a esta controversia y sus implicaciones es otra muy diferente. Con su crecimiento económico, el país aspira no solo a un lugar de liderato en la región sino al respeto que ello supone, y que bien pudiera corresponderle si se enmienda esta atrocidad. Pero la contradicción que esta situación expone echa por tierra que tal estatura y dignidad sean obtenibles, al menos a corto plazo.

No se trata únicamente de invisibilizar a la población haitiana sino de negar además la identidad dominicana a personas que claramente los son

Nótese que no se trata únicamente de invisibilizar a la población haitiana sino de negar además la identidad dominicana a personas que claramente los son, en virtud de haber nacido y crecido en Quisqueya. Sus lealtades, su memoria y sus afectos residen en el país en que han forjado sus vidas. Es un acto, por tanto, contra sus propios conciudadanos, ejecutado bajo el amparo de la "justicia", aunque ésta quede interdicta por su reprochable inspiración chauvinista. Una sentencia contumaz, retrógrada y xenofóbica.

En la resolución de esta controversia, tiene la República Dominicana su desafío humano más formidable. Convengamos que el nacionalismo resulta una oposición tenaz que moviliza gente a las urnas para castigar a quien se le anteponga, pero la diferencia entre un estado valiente con horizonte progresista y otro cómplice con la injusticia sistemática es la voluntad de sus gobernantes de erradicar la segunda sin importar las consecuencias electorales o de cualquier otro tipo. La Española es una isla compartida y su destino se construye o se destruye desde los actos de los que la habitan. Como decía Jorge Mañach, "no es la geografía sola la que hace la historia; es el hombre que engendra la historia en la geografía".