WASHINGTON, EE.UU.- El ministro
de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, arquitecto Andrés Navarro,
abogó hoy para que la comunidad internacional conozca los resultados reales del
Plan Nacional de Regularización de Extranjeros que encamina el gobierno del
presidente Danilo Medina, reforma migratoria sin precedente apegada a las leyes dominicanas y con
irrestricto apego al respeto de los derechos humanos, para que de esa forma no
se dejen confundir de "una inaceptable" campaña de odio y
descalificación hacia la nación dominicana.
Navarro afirmó que en el exterior
se difunden una serie de informaciones erróneas sobre la naturaleza y los
resultados de este proceso, por ejemplo, una inexistente decisión del gobierno
dominicano de realizar deportaciones masivas de ciudadanos haitianos, con lo
que se pretende significar la existencia de una crisis humanitaria en la isla
de Santo Domingo.
En un discurso pronunciando ante
el pleno de los miembros del Consejo Permanente de la Organización de Estados
Americanos (OEA), Navarro consideró que "no hay ninguna justificación para
seguir repitiendo, sin ninguna evidencia que la respalde, la preocupación de
que en nuestro país hay cientos de miles de apátridas en peligro de ser
expulsados, pues no es verdad que haya un solo caso de apátrida".
Indicó que la comunidad
internacional puede estar segura de que la República Dominicana no expulsará a
un solo dominicano, "porque, por el contrario, protegemos a nuestra
población y estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para dotarlos
de la seguridad jurídica que garantice esa protección".
Manifestó que el gobierno
dominicano ha iniciado una intensa campaña a nivel mundial de información y
divulgación sobre la verdad del plan migratorio, " para que se conozca la
realidad de la iniciativa puesta en marcha por el gobierno del presidente
Medina".
Expuso que las autoridades dominicanas se
llenan de estupor cuando escuchan algunas organizaciones no gubernamentales y
medios de comunicación, exigir que se detengan unas inexistentes deportaciones,
además de que se habla incluso injustamente de casos de apátrida sin mostrar un
solo caso.
Precisó que "para que quede
bien claro, cuando se produzcan los retornos de personas que no tengan la
debida documentación migratoria, seguirán un proceso individualizado, con la
identificación biométrica de cada persona y todas las debidas comprobaciones de
su estatus y documentación como ocurre en todas partes del mundo".
Navarro reiteró su llamado a las
organizaciones y medios de comunicación que insisten en copiar y pegar
acríticamente un perfil de la República Dominicana que quizás fue verídico en
el pasado, "pero que desde luego ha dejado de serlo desde el 2013 por la
voluntad política, la vocación democrática y el apego al respeto de los
derechos humanos de nuestro presidente Medina".
"Todo lo que pedimos, lo
único que exigimos es que se conozca la verdad del proceso migratorio
dominicano, y este foro es una brillante oportunidad ante cada uno de los
representantes de los países hermanos de las Américas", enfatizó el
canciller dominicano.
El funcionario dominicano recordó
que el plan de regularización ha venido a resolver un problema histórico en la
República Dominicana, dado que no se contaba con un registro completo de los
extranjeros que vivían en el territorio, no sólo de los inmigrantes, sino
además de las personas nacidas en el país de padres extranjeros o en muchos
casos de padres dominicanos, lo que dejaba cientos de miles seres humanos en
situación de vulnerabilidad.
Dijo que el plan es una exitosa
solución, con grandes sacrificios económicos para el país, a las diferentes
situaciones migratorias que existían, a través de la aplicación de la Ley
169-14 para personas nacidas en República Dominicana de padres extranjeros con
estatus ilegal, y el Plan Nacional de Regularización para extranjeros que viven
en territorio dominicano.
Agregó que gracias a la
iniciativa dispuesta por el presidente Medina, alrededor de 55 mil personas y
sus descendientes han visto reconocida su ciudadanía dominicana por parte de la
Junta Central Electoral (JCE), mientras que otros 8,755 hijos de padres
extranjeros ilegales que se inscribieron en el Libro de Extranjería podrán
acceder al proceso de naturalización en un plazo de dos anos, contando en ese
lapso de tiempo con una estatus transitorio de residencia en el país.
Subrayó que al cierre del plazo
de inscripción el pasado 17 de junio, 288,486 personas solicitaron su
regularización y están a punto de recibir el estatus legal, "esto es, un
69% de los extranjeros irregulares según la Encuesta Nacional de Inmigrantes
(ENI) llevada a cabo en el 2012.
Declaró que para facilitar la
mayor participación de personas en el plan, el gobierno dominicano incorporó
instituciones y organismos con experiencia en la materia, como la ACNUR, la
Organización Internacional para las Migraciones, la Unión Europea (UE), el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Mesa Nacional
para las Migraciones, entre otros.
Navarro calificó de
"totalmente falso y un error quizás sin mala intención", el
planteamiento de algunas organizaciones internacionales y medios de
comunicación que han repetido la teoría de que más de 200 mil personas habrían
quedado en situación de apátrida y en peligro de expulsión del territorio
dominicano.
Indicó que "dicho esto, la
cifra de potenciales apátridas se reduciría a 100 mil personas. Pero resulta
que entre esos 55 mil personas y sus descendientes, así como otros 8,775 han
visto reconocida su nacionalidad por parte de la Junta Central Dominicana".
Citó el caso de Juliana Deguis y sus cuatro hijos que ya cuentan con
nacionalidad dominicana tras su registración regular que tardó porque la
indefinición documental de la madre.
Navarro concluyó su discurso
invitando a conocer a fondo la realidad de la República Dominicana en materia
migratoria, al tiempo que pidió se divulguen las informaciones que suministro
ante el pleno de la OEA, "todas excelentes noticias para los derechos
humanos de las personas en las Américas".
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