Greysis de la Cruz
Hace menos de un mes que los
familiares del periodista Blas Olivo ofrecieron declaraciones desde la sede del
colegio dominicano de periodistas para advertir a las autoridades, la necesidad
de garantizar la integridad física y derechos fundamentales de los presuntos
autores del crimen.
Para la familia era la única
forma de llegar hasta los autores intelectuales.
Ahora resulta que el principal
sospechoso José Miguel Almonte (Job), resultó muerto mientras agentes de la policía
nacional realizaba una requisa en el Centro de Corrección y Rehabilitación de
Monte Plata.
La versión oficial señala que la policía
recibió información de que el recluso tenía un arma de fuego escondida en su celda,
y que al darse cuenta del operativo recibió con una lluvia de tiros a los oficiales.
¿Que tiene que decir al respeto
el Procurador General de la Republica, responsable del control de las cárceles sobre
esta versión de la Policía Nacional?
La policía dice que un recluso
estaba armado en su celda.
La policía dice que un recluso dirigía
desde el penal una red “poderosa de sicarios”
La policía dice que “Job” tenía
una lista de ejecuciones que pretendían iniciar en los próximos días desde la
cárcel.
¿Y como puede un recluso tener
tanto poder sin la complicidad de las autoridades? Esa debe ser la pregunta que
debe hacerse el jefe del Ministerio Público, si quiere desenmarañar las
incongruencias de la Policía Nacional.
Lamentablemente, a Job lo mataron
sin que un juez, ni la sociedad escucharan de sus labios su versión, sobre la imputación
que le hiciese la Policía Nacional.
Otra vez nos quedamos sin
respuestas, sin un vínculo que nos lleve hasta los autores intelectuales.
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