La corrupción es uno de los
principales obstáculos en el desarrollo económico de un país y ésta afecta de
forma especial a las naciones más pobres, provocando un escenario preocupante,
que para muchos genera desconfianza en la ciudadanía y lastra las relaciones
internacionales y las bases democráticas.
Para combatir la corrupción es
necesario contar con un Ministerio Público fuerte, con independencia funcional
y con un Poder Judicial autónomo. Sin embargo en RD sigue lejos de cumplir
estos nobles objetivos.
Tiene que llamar la atención de
la ciudadanía el hecho de que la mayoría de sometimientos a políticos se caen
en la justicia, para muestra un botón.
Un caso ampliamente debatido fue
la querella que interpuso Guillermo Moreno, contra el ex presidente Leonel
Fernández por lavado de activos. Según la querella, Fernández y la FUNGLODE
recibían donaciones millonarias de empresas y contratistas del Estado a través
de varias modalidades irregulares.
La fiscal del Distrito Nacional
Yeni Berenice Reynoso archivó la
querella argumentando que es imposible perseguir penalmente a nadie por cometer
actos que riñan contra la ética o la moral, si el legislador no los ha
convertido en tipos penales claramente sancionados.
Otro sonado caso fue la formal
acusación contra el ex administrador de Bienes Nacionales, Elías Wessin Chávez,
por el manejo indebido de más de RD$157 millones.
La jueza del Séptimo Juzgado de
la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, descargó responsabilidad a
Elías Wessin Chávez, argumentando que en el proceso el Ministerio Público no
presentó las pruebas suficientes que demostraran la culpabilidad.
Ya nadie se acuerda que a Héctor
Rodríguez Pimentel, se le acuso de usar en 2008 más de 661 millones 340 mil
pesos, de los fondos del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI),
sin la aprobación del Consejo de Administración de esa entidad.
Los casos que se conocen en los
tribunales sobre la malversación de fondos solo han sido condenados
funcionarios de menor jerarquía o
personas ajenas al sistema político.
La nueva técnica de los políticos
para evadir dar cuentas a la justicia es impedir a toda costa que el ministerio
público los investigue como ocurrió con la querella al Senador Félix
Bautista. Y el mas reciente caso
solicitud de archivo de la investigación contra Díaz Rúa, por presunto lavado
de activos.
Hae dos años El Departamento de Prevención de la
Corrupción Administrativa (DPCA) dio a conocer las estadísticas sobre los
principales casos de corrupción en el Estado presentados ante los tribunales
durante los últimos 10 años y los que evidencian la malversación de
aproximadamente RD$104 mil millones. La información la dio a conocer el
director del organismo de entonces, Hotoniel Bonilla.
Lo evidente es que en este circo
nadie esta libre de culpas, ni el ministerio público tienen voluntad, ni la
justicia tampoco, todos están secuestrados al capricho y mandato del poderoso poder político.
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@greysisdelacruz